Iberinform - IE Business School. Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España.(noviembre 2012)

Iberinform. El porcentaje de empresas que trabaja por encima de los 85 días empeorará nueve puntos el próximo año. Sólo una de cada tres empresas limita los plazos de pago de sus operaciones comerciales por debajo de los 60 días.

De acuerdo con las previsiones de la Ley 15/2010, a partir del 1 de enero de 2013 las empresas que vendan a otras empresas deberán limitar sus plazos de pago máximos a 60 días. Sin embargo los plazos de pago entre empresas en España siguen estando por encima de este horizonte. Sólo el 33% de las empresas españolas opera en 2012 con plazos de pago inferiores a los 60 días. Un 31% cuenta con plazos entre los 60 y los 85 días y el segmento más elevado, el 36%, pacta plazos superiores a los 85 días. Esta es una de las principales conclusiones del 4º Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, realizado por Crédito y Caución e Iberinform presentado hoy en el marco de la Cátedra de Cash Management, impulsada por el IE Business School.

Las previsiones de cara a 2013 reflejan un alargamiento de los plazos de pago, en línea con el desafiante entorno de negocio que afrontan las empresas. El porcentaje de empresas que prevé situarse más allá de los 85 días es del 45%, sensiblemente superior al comportamiento de 2012. Frente a este empeoramiento de nueve puntos en el tramo más alto, el número de empresas que han hecho el esfuerzo de trabajar por debajo de los 60 días se situará en el 34%, mejorando sólo en un punto el comportamiento frente a 2012.

En este entorno, el 79% de las empresas concede plazos extraordinarios a los pactados en la factura antes de considerar un crédito moroso. De cada cinco empresas, dos otorgan más de 90 días adicionales a los plazos pactados, una entre 60 y 90 y otra entre 30 y 60. Sólo una de cada cinco considera un crédito moroso al vencer la factura.

Esta evolución sugiere una conexión clara entre el empeoramiento de los plazos de pago que cabe esperar en 2013 y la incierta evolución del entorno económico, especialmente en la zona euro. Las previsiones sobre su comportamiento, realizadas por las propias empresas, están cuantificando el impacto en los plazos de pago del entorno de negocio que esperan para 2013, marcado por la creciente falta de liquidez, las dificultades de acceso al crédito financiero y la persistencia en la debilidad del consumo interno.

El incremento de las necesidades de financiación por parte de los clientes y el aumento de la competencia entre los proveedores incrementarán las presiones sobre el crédito comercial, como herramienta de diferenciación.

En línea con los resultados de los tres estudios previos, para el 68% de las empresas, la Ley 15/2010 no ha tenido un impacto significativo. Los efectos en el resto están divididos, como dos caras de la misma moneda. Para el 12% de las empresas, el principal efecto de la aplicación de la legislación ha sido la reducción de sus plazos de cobro, objetivo principal del legislador. Para otro 14%, el principal efecto es justo el contrario: el incremento de sus necesidades de financiación bancaria, ya que la reducción de los plazos de pago incide directamente sobre la capacidad para dar crédito comercial.

En este entorno, el 75% de las empresas entrevistadas se muestra a favor de que se apruebe un reglamento sancionador que regule los incumplimientos de la Ley de Morosidad. El porcentaje es muy similar al que ya reveló la oleada anterior, en el Estudio de Primavera de 2012.

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