La obra pública española camina hacia el precio cerrado.

En Europa los proyectos de obra tanto pública como privada  se producen bajo la fórmula de contratación llave en mano y donde el Project Manager es una figura habitual. Los cambios que la Comisión Europea pretende implantar en la obra pública española en favor de una armonización e igualdad de oportunidades entre estados miembros cambiará el panorama del sector. Explicaremos primero la particularidad de la obra pública española para luego explicar cuales son estos cambios y como afectarán a nuestro sector.

La obra pública española.

La obra pública española funciona bajo unos patrones que no se dan el resto de la Comunidad Europea. Estos patrones centrados en la fórmula de contratación y en sus condiciones han permitido el desarrollo de las infraestructuras del país pero también el crecimiento de un nutrido grupo de empresas constructoras que son ahora verdaderas multinacionales. El principal motivo que ha permitido estos fuertes crecimientos ha sido la particularidad de los contratos de obra pública.

En España los concursos de obra pública han atendido y atienden al precio como principal motivo de adjudicación. Otros factores como innovación en el diseño, sostenibilidad, mantenimiento, etc, son más recientes y aún hoy siguen sin tener suficiente peso en las valoraciones de contratación. El funcionamiento mismo de los concursos los ha convertido en verdaderas subastas donde el mejor postor se lleva la obra. Esto ha normalizado las bajadas de precios con medias del 20% y excepcionalmente hasta el 40%. Las bajas temerarias habían pasado a admitirse si se justificaban los motivos. Estas circunstancias provocaban que muchas obras se movieran en el umbral de rentabilidad tanto de forma positiva como negativa. Pero el factor determinante que ha permitido que las obras acabaran con números positivos y rentabilidades que se acercaban al 10% han sido los contradictorios o modificados. El importe medio de estos modificados alcanza el 20% del precio de licitación. En obra estatales si el importe excede este porcentaje, la solicitud requiere la aprobación del Consejo de Ministros, hasta un máximo del 50%. Las Comunidades Autónomas y ayuntamientos tienen mecanismos similares. Este hecho permite una ampliación de la facturación de las constructoras aprovechando los modificados o contradictorios pues los cambios técnicos que no estén contemplados en los precios unitarios reflejados en el contrato tienen precio libre y son ofertados y ejecutados por la propia constructora. En la práctica se dan casos de construcciones que obtienen rentabilidad en cada obra con estos modificados o que tras acabar el ejercicio hacen números entre varias obras y el resultado es positivo. 

Algunas empresas tienen a verdaderos expertos que estudian las licitaciones de obras y tienen en cuenta no sólo la rentabilidad posible si no el potencial de modificados que tiene cada tipo de obra y que condiciona la presentación al concurso y con que oferta. Estos estudios también condicionan la agresividad en la subcontratación para mantener viable la obra y optimizar el rendimiento económico de esta. Las empresas con equipos técnicos potentes estudian el proyecto y ante inconcreciones de éste, errores técnicos, etc, proponen soluciones estudiadas antes o durante la ejecución según sus intereses de manera que les permitan una mejora de la rentabilidad en el resultado final de la obra.

Un aspecto importante que cabe reseñar es el tema de los avales en la obra pública. En España la contratación pública exige avales tanto para presentarse al concurso como una vez licitado que suele representar entre 2% y el 10% del importe de la obra dependiendo si el licitador es el Estado, Comunidad Autónoma o ayuntamiento, y que deberían ser devueltos una vez finalizado el periodo de garantía aunque en la práctica se retrase. A poco que hagamos números concluiremos que muchas obras ya empiezan con una situación financiera que condiciona la propia rentabilidad, motivo por el cual el pago diferido a los proveedores se convierte en la única herramienta que nos permite reconducir la situación económica de la obra.

El modelo anglosajón.

El modelo anglosajón es el que se aplica en buen parte de la Europa central. Básicamente los proyectos se licitan bajo contratos de precio cerrado. Esto implica que la empresa adjudicataria revise a conciencia el proyecto tanto para ofertar como para detectar errores, indefiniciones, aportar mejoras, etc, pues una vez firmado el contrato cualquier sobrecoste será asumido por la constructora.  Este modelo es el que ha permitido una mayor calidad de los proyectos europeos frente a la mala fama que tienen muchos proyectos españoles por su poca elaboración. Desde el punto de vista económico la minuciosidad de los proyectos trae como resultado que las desviaciones sobre el precio de licitación sean mínimas. Es esta diferencia la que ha hecho que para las constructoras europeas licitar en España se convierta en un suicidio. Incapaces de comprender como las obras se pueden desarrollar con pérdidas iniciales las principales constructoras europeas no acaban de desembarcar en España lo que por otra parte ha permitido un desarrollo interno del sector sin casi competencia extranjera. Por contra en concursos europeos la presencia española es escasa, no sólo por el poco margen que se obtiene si no además por unos requerimientos de avales muy elevados para lo que estamos acostumbrados en España.

Armonización con Europa.

La Comisión Europea exige que cuando las obras requieran modificados se liciten estos a través de un nuevo concurso. El Gobierno va a intentar parar el golpe y retrasar en todo lo posible su aplicación que más pronto que tarde va a provocar una revolución en el sector. En primer lugar conducirá a una moderación en las bajadas de precios que dejarán de ser tan agresivas además de obligar a las administraciones públicas a mejorar la calidad de los proyectos tanto en lo que concierne al diseño como a los costes. Esto probablemente provoque que los plazos de ejecución se dilaten. Desde el punto de vista del mercado permitirá la entrada de muchas constructoras que siempre se mostraban reacias a entrar en la obra pública por las fuertes caídas de los precios de los contratos y el excesivo riesgo económico que comportaban para los adjudicatarios. Esto a su vez acelerará el proceso de cambio que estaba viviendo la obra privada donde cada vez más se instala la figura del Project Manager y los contratos de precio cerrado. Un viaje sin retorno que se está recorriendo a mayor velocidad de la esperada.